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Las conversaciones que involucran al parlamento, la comisión y el consejo de la Unión Europea comienzan el jueves sobre las controvertidas reglas contra el lavado de dinero para las transacciones con criptomonedas, la última etapa hacia la aprobación de medidas que, según algunos, podrían matar la privacidad y sofocar la innovación.
El proyecto de ley requeriría que los proveedores de criptomonedas verifiquen los detalles de los clientes e informen las transacciones sospechosas a las autoridades, pero la industria se ha quejado de que podría resultar gravoso de implementar y terminaría con el anonimato digital.
Una protesta de último minuto encabezada por Coinbase (COIN) y compañías similares cayó en gran medida en oídos sordos, y el 31 de marzo, los legisladores del Parlamento Europeo votaron para aplicar reglas estrictas de lavado de dinero al sector, argumentando que las reglas eran necesarias para frenar el crimen. Ahora, la atención se centra en cuál será la forma final de la ley, mientras las conversaciones están llegando a la etapa final.
Tanto los legisladores en la reunión del Parlamento Europeo como del gobierno nacional en el Consejo de la UE han dicho que quieren ver un control más estricto de las partes que participan en las transacciones criptográficas. Dicen que eso debería aplicarse incluso para los pagos más pequeños, a diferencia de las transferencias bancarias convencionales donde la identidad del cliente solo necesita verificarse para transacciones de más de 1000 euros ($ 1066)
Según una resolución publicada en el diario oficial de Cuba el martes 26 , la licencia estará disponible para personas u organizaciones tanto cubanas como extranjeras.
Las licencias aprobadas tendrán una vigencia de un año y podrán ser prorrogadas por un segundo año, “dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividades”, dijo el Banco Central de Cuba.
Los proveedores podrán operar con activos virtuales aprobados por el BCC, según la resolución sin revelar más detalles. Sí aclaró que los activos virtuales “no incluyen las representaciones digitales de moneda fiduciaria, valores y otros activos financieros de amplio uso en los sistemas bancarios y financieros tradicionales, que están regulados en otras disposiciones del Banco Central de Cuba”.
La resolución actual no especificó cómo el gobierno cubano impondrá impuestos a la actividad
El presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin Archange Touadera, firmó una ley que legaliza las criptomonedas y convierte a bitcoin en una moneda legalmente reconocida en el país luego de una votación parlamentaria unánime sobre el asunto, informó el miércoles la agencia de noticias AFP.
Obed Namsio, jefe de gabinete del presidente, dijo que la medida marca un hito importante para la recuperación económica del país, según una publicación en la página oficial de Facebook del gobierno de la República Centroafricana.
República Centroafricana es la primera nación africana en adoptar bitcoin como moneda de curso legal y se une a El Salvador como la segunda en el mundo en hacerlo.
Al igual que El Salvador, el país no emite su propia moneda. Utiliza el Franco de la comunidad financiera africana o franco CFA, respaldado por Francia al igual que El Salvador utiliza el dólar estadounidense.
La nación, de África central, se encuentra entre las economías menos desarrolladas del mundo y la agricultura es el mayor contribuyente a su PIB. Según cifras del Banco Mundial , el PIB de la República se situó en solo $ 2.380 millones a partir de 2020 y el país se ubica casi al final del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
El proyecto de ley, presentado por el senador Flávio Arns, pasa a la Cámara de Diputados de Brasil. Si se aprueba, el poder ejecutivo tiene el poder de vetarlo.
El texto crea la etiqueta «proveedores de servicios virtuales» para las empresas relacionadas con criptomonedas, que estarán sujetas a las mismas responsabilidades que otras instituciones por delitos contra el sistema financiero brasileño.
El proyecto de ley también sanciona el delito cometido con activos virtuales con una pena de entre dos y seis años de prisión. El texto original proponía una pena de entre cuatro y ocho años pero fue reducida tras un pedido del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
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